Sistema político español.

¿Es nuestro sistema político verdaderamente democrático? ¿Qué cosas se deberían cambiar para perfeccionarlo? Estas son dos de las preguntas que se me ocurren para comenzar respondiendo.

 Desde sus inicios, el sistema político español se ha basado en cuestiones provisionales. Esta provisionalidad, bien es cierto, es la que ha conseguido que el sistema se estabilice, ya que en la transición fue necesario el consenso para poder legitimar poco a poco el sistema. El problema es, que una vez estabilizado el sistema y finalizada la transición, esas cuestiones provisionales se han quedado tal y como se pensaron en un principio para ese período transicional.

El problema de esta provisionalidad, se une a la visión a corto plazo de la clase política, la cual solo mira desde que llega al poder hasta las siguientes elecciones. Estos problemas han creado en la ciudadanía una incredulidad y una decadencia cada día mayor de la legitimidad de los gobiernos.

 Muchas personas creen que la democracia significa simplemente elecciones libres y periódicas. Estas personas están equivocadas, ya que eso puede ser una democracia en el sentido más estricto de la palabra: una democracia de mínimos, como diría Robert Dahl.

Pero la democracia, en su más amplio significado, es algo más. Significa igualdad, proporcionalidad, libertad individual y muchos otros valores. Y para que la democracia de mínimos se convierta en una democracia de calidad, es necesario poner unos límites claros al ejercicio de poder, estableciendo unos mecanismos que eviten los abusos de poder y que limiten las desigualdades entre la clase política y el ciudadano.

Como ya he dicho antes, estos límites deben ser estrictos, sobre todo, en determinados temas. Los temas básicos en los que falla el sistema político español (la mayoría de ellos elementales en cualquier definición de democracia) son: el sistema electoral y la representación política, la separación de poderes, la democracia interna de los partidos, la libertad de información (prensa independiente), una constitución eficaz y una organización territorial eficiente.

 Pues bien, debo decir, que el sistema político español no satisface completamente ninguno de estos puntos (algunos de ellos de forma nefasta).

 Para empezar, el sistema electoral no favorece en absoluto la representación directa. Los ciudadanos votan a partidos con listas cerradas en vez de votar a personas. Pero esto no es lo peor; lo peor es que los representantes que se eligen en los partidos no son los que más valen ni los que más se han ganado llegar a serlo, sino que, la mayoría de las veces, los que acaban llenando las listas son personas sin formación ni experiencia anterior, que están ahí simplemente porque se les debía un favor o porque “ya le tocaba serlo”.

Sin embargo, limitar esta elección de líderes al azar sería poner límites a la democracia, lo cual resulta una verdadera paradoja, ya que para perfeccionar la democracia, tendríamos que poner límites a la misma.

Pero además de elegir a los representantes, la dirección de los partidos impone unas normas de conducta a sus diputados, senadores, concejales y demás representantes políticos (lo que comúnmente se llama disciplina de voto), lo cual atenta completamente contra los ideales democráticos, destruyendo así cualquier viso de libertad individual dentro de los partidos políticos. Podríamos decir también que esto es un límite a la democracia de los que hemos hablado antes.

 Pero este no es el único problema del sistema electoral. El otro problema viene dado por la complejidad territorial de nuestro país. Esta complejidad territorial, además de crear numerosas duplicaciones de servicios (y por lo tanto de funcionarios y de gasto público), provoca que el sistema electoral no sea todo lo proporcional que debería ser.

La falta de proporcionalidad provoca que partidos con menos votos pero muy concentrados, acaben obteniendo un mayor número de escaños que otros partidos con un mayor número de votos más dispersos. Por poner un ejemplo, en las elecciones de 2011, UPyD (partido con voto disperso por todo el país) fue votado por 1.143.225 personas. CiU (partido con votantes únicamente en Cataluña) fue votado por 1.015.691 personas. Sin embargo, UPyD obtuvo 5 escaños y CiU obtuvo 16. ¿Cómo es esto posible en un sistema que debería presumirse proporcional e igualitario?

 Pero continuemos con la división de poderes. Al igual que en la elección de los representantes de los partidos políticos no es el ciudadano el que los elige, tampoco es el ciudadano el que elige a los altos cargos del poder judicial. Es el parlamento el que elige a los principales magistrados del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial y de muchos otros órganos judiciales, rompiendo así la tan reclamada y democrática división de poderes y, una vez más, provocando una deslegitimación. Esta vez en la justicia, en la cual, dicho sea de paso, ya no cree absolutamente nadie.

El poder legislativo tampoco es independiente del ejecutivo. Para variar, las decisiones las toman los partidos y no los representantes individuales (recordemos la disciplina de voto). Esto es así porque trasladar las propuestas al parlamento es un mero trámite. Al gobernar, tienen mayoría, con lo que ya tienen prácticamente la cantidad necesaria de votos para llevar adelante esa propuesta. Si esa mayoría no es absoluta, forman coaliciones para conseguirla mediante generosas cesiones de poder a partidos minoritarios y partidos nacionalistas como CiU, ERC, PNV, etc.

 Alguna persona pensará que esto no debería estar permitido y que seguro que en la Constitución hay algo que lo prohíba. Pues esa persona se equivoca de nuevo.

El problema es que tenemos una constitución rígida, que necesita poner patas arriba medio país para reformarla (lo cual se pone de manifiesto al ver que solo ha habido dos reformas en más de 30 años). Ningún partido se atreve a meterse en una reforma constitucional (tampoco les interesa a los que tienen poder para realizarla), sobre todo si tiene que ver con leyes orgánicas como la modificación del sistema electoral.

Por lo tanto, los ciudadanos tenemos una Constitución ineficaz y no tenemos el poder de cambiarla.

 Y para terminar, el último problema grave del sistema político español (hay muchos más, pero estos son los principales) es la falta de una independencia de la información.

Los medios de comunicación, ya sean periódicos, radios, televisiones, etc., están aliados con determinados partidos políticos. No voy a poner ejemplos evidentes, pero voy a ilustrarlo con un caso: por regla general, si sabes que un ciudadano lee un periódico u otro, ve un canal de televisión u otro o escucha un dial de radio u otro, probablemente sepas el partido al que vota o, por lo menos, la ideología tiene.

 Todo esto no debería ser así, pero por desgracia, son problemas tan enormes que hacen cuestionarse si España es verdaderamente una democracia. Si le preguntásemos a un teórico experto en democracia, probablemente diría que cumple las características mínimas, pero que no es una democracia de calidad.

Pero como ya he dicho, no son problemas que no se puedan solucionar. Lo difícil es encontrar a gente con la voluntad suficiente para hacerlo.

A mi cada día me cuesta más creerlo, pero aún no he perdido la esperanza de ver una España con un régimen electoral proporcional, una representación directa (o por lo menos más directa), una división de poderes real, una Constitución eficaz, una prensa independiente y, en definitiva, un sistema político realmente democrático.

Ignacio Gutiérrez Gómez-Acebo